El 2 de agosto de 2024, se oficializó el decreto 0977 de 2024 que establece los nuevos distritos mineros en el país con la finalidad de resolver conflictos ambientales, sociales y económicos derivados de la minería y promover la transición energética y la reindustrialización.
El gobierno colombiano anunció recientemente la formación de los dos primeros distritos mineros de Colombia. Se puede considerar, que se trata de un logro importante en el marco de una estrategia global de promoción de la industria minera como uno de los motores que animan la economía. Sin embargo, por muy inspirador que sea el impulso de este proyecto, no deja de tener sus altibajos.
En materia de empleo y desarrollo local, la designación de estos municipios como distritos mineros conlleva algunos beneficios económicos colaterales. Se espera que la medida atraiga más inversión extranjera, aumente el empleo y revitalice las economías locales. Para lugares con una tasa desfavorable de desempleo y unas perspectivas de desarrollo inexistentes, la minería puede verse, como una alternativa para mejorar las condiciones de vida de los residentes.
Además, se supone que las áreas mineras están sujetas a normas especiales que las convertirían teóricamente en zonas más responsables para la extracción de recursos. Y si esto ocurre, estas normas tienen el potencial de reducir los daños medioambientales y crear resultados más equitativos para las comunidades locales, esto es lo que pretende la norma, sin embargo, aun así, esto no permite minimizar los retos del sector minero colombiano.
Por otro lado, la minería tiene un largo historial de generación de impactos ambientales, conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos, en el marco de la minería ilícita fundamentalmente. Estos distritos se enfrentan al riesgo de deforestación, contaminación de las fuentes de agua y pérdida de biodiversidad, entre otros riesgos medioambientales, si no se realiza el debido acompañamiento en el proceso de formalización y tecnificación minera, es decir que, con solo establecer zonas estratégicas con potencial minero, no es suficiente para el desarrollo de la minería técnica y ambientalmente sostenible.
De modo que, la introducción de distritos mineros corre el peligro de aumentar las brechas económicas y sociales en lugar de reducirlas si no se realiza el debido acompañamiento a las nuevas políticas públicas, caso similar, el que se evidencia con los contratos de concesión con términos diferenciales, que si bien tienen evaluación con criterios acordes de la pequeña minería, lastimosamente no se evidencia el acompañamiento técnico para fortalecer la tecnificación minera y la optimización de procesos en el desarrollo de la operación, actuando como un facilitador para la obtención de permisos, más no para el avance de la actividad minera con mejores condiciones técnicas, de trabajo, de seguridad, y de responsabilidad socioeconómica.
Así que, para que estos distritos mineros sean realmente beneficiosos, es esencial adoptar un enfoque de minería tecnificada, con un verdadero acompañamiento técnico y de oportunidades económicas para la inversión en el proyecto. Esto implica un compromiso genuino con la protección del medio ambiente, la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones y una supervisión-colaboración por parte del gobierno.
Por consiguiente, la creación de nuevos distritos mineros en Colombia representa una oportunidad y un desafío a partes iguales. Si se gestionan con una visión de desarrollo integral y sostenibilidad, podrían contribuir significativamente al progreso del país. No obstante, sin una planificación cuidadosa y un control efectivo, corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de explotación y desigualdad, el cual, al día de hoy, y con nuevas políticas públicas, continuamos viviendo, aumentando la brecha desigual de la mala percepción que se tiene de la minería, a sabiendas de que es un motor industrial de desarrollo, que, si se hace de forma adecuada, formalizada y tecnificada, es sostenible.
Por tanto, Colombia se encuentra en una encrucijada: puede optar por un futuro en el que la minería sea sinónimo de progreso y bienestar, o repetir los errores del pasado con la creación de más y más normatividad sin aplicación profunda donde la riqueza mineral solo beneficia a quienes le dan el valor agregado al mineral.
Redactó: Ingeniero de Minas y Metalurgia, MSc.st. Tommy Vallejo López.
